Luego de un largo proceso, se emitió este miércoles un fallo de gran relevancia por el caso de violencia institucional ocurrido el 23 de marzo de 2018 en la zona de "las cuatro plazas".
Un tribunal del Centro de Justicia Penal de Rosario condenó a nueve policías por vejaciones, lesiones y encubrimiento en un caso de violencia institucional ocurrido en 2018 contra un grupo de jóvenes en la zona de las denominadas “Cuatro Plazas”, en barrio Belgrano de Rosario.
El fallo fue dictado este miércoles por los jueces Florentino Malaponte, Fernando Sosa y Gonzalo López Quintana, tras un juicio oral en el que se juzgó a 21 integrantes de la policía provincial.
Entre las penas más altas, los agentes Roberto S., Santiago M. y Sergio Leonel R. recibieron cuatro años de prisión efectiva, mientras que Diego O. fue condenado a tres años y seis meses de prisión. Todos quedaron además inhabilitados para ejercer cargos policiales y funciones públicas por el doble del tiempo de la condena.
En tanto, otros ocho efectivos recibieron penas de tres años de prisión condicional por favorecimiento personal agravado, al haber presenciado las agresiones sin intervenir ni denunciarlas. El tribunal también absolvió a otros once acusados por distintos cargos al considerar que no había prueba suficiente o aplicar el beneficio de la duda.

El operativo y las agresiones
La investigación, a cargo de la fiscal Karina Bartocci, reconstruyó un procedimiento policial ocurrido en la madrugada del 23 de marzo de 2018 en la intersección de Provincias Unidas y Mendoza.
Según la acusación, siete jóvenes —seis varones y una mujer de entre 21 y 24 años— estaban reunidos en una plaza cuando comenzaron a ser perseguidos por patrulleros sin que mediara una orden de identificación previa.
Dos de ellos se trasladaron en moto a un kiosco cercano y notaron que eran seguidos por móviles policiales. Cuando regresaron al lugar donde estaba el grupo, comenzó un operativo que derivó en detenciones violentas.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, uno de los jóvenes fue interceptado a varias cuadras de allí, derribado y golpeado por policías mientras estaba en el suelo. Durante el procedimiento recibió patadas, golpes de puño y fue retenido mientras otro agente le cortaba las rastas con una tijera, acción que formó parte de las vejaciones que describió la acusación.
Otro de los momentos más graves ocurrió cuando un agente disparó con una escopeta antitumulto e hirió en la pierna a uno de los jóvenes que intentaba alejarse corriendo.

A la comisaría
Las víctimas fueron trasladadas luego a la Seccional 14ª. Allí, según se probó en el juicio, los seis varones fueron esposados entre sí y obligados a permanecer de pie durante horas, mientras recibían insultos, burlas y golpes.
La investigación también acreditó episodios de humillación y violencia sexual. En uno de ellos, un policía apoyó sus genitales contra un joven esposado mientras lo golpeaba y lo insultaba. Otro fue obligado a desnudarse.
La única mujer del grupo también fue víctima de agresiones: fue arrastrada, esposada con fuerza, fotografiada con teléfonos particulares de los agentes y mantenida durante horas contra una pared.
Durante la detención, además, algunos jóvenes denunciaron la sustracción de dinero y daños en pertenencias, como tarjetas bancarias.
El tribunal también consideró probado que parte del personal policial falsificó el acta del procedimiento, donde se consignó que los jóvenes habían intentado escapar y que uno de ellos se había lesionado al caer mientras huía.
Para la fiscalía, esa versión buscó justificar el accionar policial y ocultar las agresiones.

Valoración de la fiscal
Tras el veredicto, la fiscal Bartocci valoró el resultado del juicio, aunque señaló que la acusación había solicitado condenas más amplias. “Contenta también con el juicio que por fin llegó después de casi ocho años, pero que se pudo demostrar todos los hechos que se habían denunciado”, señaló la funcionaria judicial al término de la audiencia.
La fiscal explicó que las penas más altas corresponden al delito de vejaciones —conocido en el ámbito penal como apremios ilegales— junto con la falsificación del acta policial. Y destacó que, dentro de la escala prevista por el Código Penal, la condena impuesta es significativa.
“Que un policía le pegue a una persona básicamente es un hecho grave”, afirmó Bartocci, y agregó que, pese a que el delito tiene penas relativamente bajas, “cuatro años es una pena bastante elevada”.
La fiscalía adelantó que analizará los fundamentos de la sentencia para definir si presenta una apelación, ya que parte de las acusaciones no fueron receptadas por el tribunal. Mientras tanto, el fallo representa una de las condenas más relevantes por violencia policial derivada de un procedimiento ocurrido en Rosario en los últimos años.