El máximo tribunal dará este jueves un fuerte gesto político en la ciudad santafecina; en la previa denunciaron a un juez federal rosarino por proteger narcos
Un centenar de jueces federales comprometieron su asistencia mañana en Rosario a un encuentro donde se constituirá en pleno la Corte Suprema de Justicia como gesto para darle batalla al narcotráfico que amenaza a los funcionarios judiciales provinciales y federales de la provincia. Además, ayer, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal del país en materia penal, firmó una acordada plenaria, de todos sus intengrantes, para darle mayor apoyo a la convocatoria.
La reunión fue organizada por la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), que nuclea a magistrados federales de todo el país y que orienta desde Comodoro Py 2002 el juez federal Ariel Lijo y preside el camarista Jorge Morán. La modesta iniciativa de hacer un encuentro de camaradería, ideada en un zoom de la comisión directiva, se transformó en una acto polítco de relevancia cuando el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y su colega Ricardo Lorenzetti confirmaron su presencia. En ese encuentro virtual, el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros contó un extraño episodio que puso en jaque su seguridad y fue lo que disparó la idea de hacer el encuentro allí.
Lo que iba ser una foto en la sala de audiencias de la Cámara Federal de Rosario, se trasformó en una reunión de 100 magistrados federales en la Universidad Nacional de Rosario, donde concurrirá además el procurador Eduardo Casal, que ya estuvo en diciembre con Rosatti coordinando tareas con fiscales federales y provinciales.
Tras acordar el programa de actividades, una tarea no exenta de problemas para evitar los resquemores internos, se determinó que los jueces de la Corte están todos presentes en la apertura junto a Casal con las palabras de Rosatti.

Expositores
Está previsto que den la bienvenida el juez Morán (presidente de AJUFE) y Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Los paneles estarán a cargo de Javier Leal de Ibarra, presidente de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales, de Aníbal Pineda, de la Cámara Federal de Rosario; Dr. Carlos Vera Barros, juez federal de Rosario, de Karina Perilli, jueza de Tribunal Oral Penal Económico y Miguel Guerrero, juez federal de Eldorado, Misiones. Se prevé un cierre a cargo del juez Lorenzetti.
El acto de Rosario, una puesta en escena de toda la justicia federal en el corazón caliente del narcotráfico en la Argentina, generó algunos resquemores entre altos magistrados de la provincia, ya que entienden que ellos son los que sufren las amenazas y los federales, son los que se llevan el cartel. Otras diferencias internas surgieron entre jueces de tribunal oral de Rosario, producto de las rencillas locales.
Unos 100 jueces federales de todo el país confirmaron su asistencia, dijeron fuentes de AJUFE. Asimismo la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal en esa materia por debajo de la Corte, estaba firmando esta tarde una acordada plenaria, de todos sus miembros en apoyo al encuentro. Estarán allí representados por el juez Mariano Borinsky, ya que el presidente Alejandro Slokar no podrá concurrir.
La Corte preparó el terreno para el desembarco de los magistrados: esta semana confirmó una condena a 15 años de prisión contra Ariel “Guille” Cantero, el líder de la banda narco Los Monos, que controla el narcotráfico en la provincia y protagoniza los ataques a tiros y amenezas contra los jueces y fiscales que los investigan.
Por si hiciera falta una demostración del compromiso para que algo cambie en Rosario, hoy el fiscal Luis Schiappa Pietra adelantó que mandará investsigar con el Consejo de la Magistratura al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque por no ahondar en los informes que revelaban los nexos entre una banda narco dedicada al secuestro extorsivo y policías provinciales.
El fiscal alegó en el juicio contra Esteban Alvarado, acusado de asociación ilícita y dos secuestros que terminaron en un asesinato. Allí dijo que en una investigación realizada en Buenos Aires por robo de autos quedó en claro, hace diez años, que el principal acusado era ya en 2012 se dedicaba al narcotráfico, contaba con cooperación de la policía provincial en niveles jerárquicos y tenía conexiones en la Justicia Federal de Rosario.
El fiscal Luis Schiappa Pietra y su colega Martías Edry sostuvieron que la causa con esta evidencia contra Alvarado está paralizada desde 2013, hace casi 10 años, en el juzgado a cargo del juez federal Marcelo Bailaque de Rosario. La causa contra Alvarado se activó en 2020.
“El fenómeno del crimen complejo no puede funcionar sin apoyo estatal. Nos estaban advirtiendo desde muchos lugares, ya en 2012, que esto estaba pasando en la provincia de Santa Fe”, sostuvo Schiappa Pietra ante los jueces Patricia Bilotta, Isabel Más Varela y Alejandro Negroni, ante quienes denunció al juez federal rosarino.